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¿A quién le interesa que no se cumpla la Resolución Ministerial MJTI-DGAJ-RM-Z-175-2023?

 ¿La inversión pública es prioridad? Mientras tanto, la municipalidad se desarrolla entre denuncias de acoso político, nombramientos ilegales, ejercicio ilegal de la profesión y nepotismo.

Montero, 7 de agosto de 2024 - por Víctor Hugo Callaú (Opinión)

El pasado 3 de mayo de 2024 se cumplieron tres años de la gestión municipal que inició en 2021; es decir, que las autoridades elegidas aquel año ya desempeñaron el 60% del mandato elegido por voto popular en los 340 municipios de nuestro país. Solo el 15,4% del gasto realizado entre 2021 y 2023 en los diez principales municipios fue dirigido a inversión pública.

«Entiéndase inversión pública como los recursos dirigidos a proyectos para incrementar o mejorar el capital físico y humano de la ciudadanía (obras que mejoren la calidad de vida)».

En Montero, durante la gestión municipal 2021 a 2023, se presupuestaron y manejaron más de 500 millones de bolivianos. Se observa que en nuestra ciudad estos fondos se dirigieron principalmente al gasto corriente (sueldos, servicios, consultorías y compras de materiales) y no a la inversión pública en el municipio.

En la gestión 2023, la ejecución presupuestaria de nuestra municipalidad fue de aproximadamente 86%. De ese porcentaje, ¿cuánto dinero fue destinado y ejecutado para la inversión pública?

La administración pública es un campo donde la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) son líderes que sirven a las comunidades para promover el bien común y lograr un cambio positivo para sus habitantes. El objetivo de la administración pública es atender los problemas de la sociedad civil en general. Se necesita personal capacitado en el procedimiento administrativo y en gestión pública para alcanzar los objetivos y metas planificadas.

En la actualidad, vemos un municipio carente de políticas públicas que mejoren y eleven la calidad de vida de sus habitantes. Nos falta una mejor planificación en la construcción de la ciudad y del ciudadano montereño en muchos aspectos básicos.

Mientras tenemos estas carencias y dificultades, en el ámbito de la administración y gestión municipal actual se conocen denuncias de supuesto acoso político entre concejales del mismo frente político, seguramente con connotaciones políticas poco favorables más adelante.

También se han hecho públicas denuncias anónimas presentadas en la Unidad de Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de Montero contra anteriores autoridades ejecutivas por presuntos nombramientos ilegales y denuncias por supuesto ejercicio ilegal de la profesión contra exfuncionarios del ejecutivo municipal, delitos que son previstos y sancionados por el Código Penal.

A estas denuncias podrían sumarse otras más por nombramientos ilegales, ya que probablemente en el pasado y actualmente existieron y existen este tipo de vulneraciones por parte de los alcaldes de turno, debido a que muchos funcionarios supuestamente no cumplieron ni cumplen con el manual de funciones y con lo que establece la ley 1178 (Ley SAFCO) para optar por un cargo público provisorio, designado o de libre nombramiento.

Además, nuestra municipalidad desarrolla sus actividades diarias en un franco desacato a la Instructiva No. 002/2024 de la Dirección Municipal de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, donde se hace conocer a los Secretarios Municipales, Directores Municipales y Funcionarios Públicos Municipales la Resolución Ministerial MJTI-DGAJ-RM-Z-175-2023.

Resulta que no se cumplió a cabalidad la Instructiva de la Dirección Municipal de Recursos Humanos ni la Resolución Ministerial MJTI-DGAJ-RM-Z-175-2023, por lo que la opinión pública y algunos militantes del partido gobernante en la municipalidad denuncian que presuntamente sigue existiendo nepotismo en el Gobierno Autónomo Municipal de Montero. ¿A quién le interesa que esto no se cumpla?

Es notorio que hay funcionarios municipales que todavía tienen a sus parientes trabajando: hijos, sobrinos, padres, hermanos y tíos, figuras que encuadran en las prohibiciones por el grado de parentesco por consanguinidad. Otros servidores públicos tendrían trabajando a sus esposas, esposos, suegros, yernos, nueras y cuñadas, quienes también se encuentran dentro de las prohibiciones por el grado de parentesco por afinidad.

Son estos elementos los que le restan brillo a la gestión municipal que se las bate a capa y espada con los pocos recursos que administra, dado la orfandad gubernamental. El dinero siempre alcanza cuando se lo administra bien; la buena administración implica sacar a los elementos cuestionados para que la gestión tenga una buena germinación.

Así estamos, siempre esperando que haya una mayor inversión pública, que todo lo bueno siga y lo que haya que corregir se lo haga ya.

Les recuerdo a las autoridades que en sus encendidos discursos hablaron de amor por la Patria en el 199 aniversario de la Independencia. Hacer Patria también implica cumplir con las leyes vigentes, y el alcalde Regys Medina, como colega abogado, lo sabe muy bien.

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